• Según el cabildante, el acto administrativo por el cual se estableció el POT debe anularse ya que tiene graves vicios de legalidad y acarrea efectos nocivos para la ciudad.
• Bravo interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para que esta entidad evalúe la situación.
• Entre los objetivos de la nulidad está defender el suelo rural, el medioambiente, el espacio público, las plusvalías urbanas, entre otros.
Con un documento radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, el concejal Juan Martín Bravo demandó al Distrito Especial de Santiago de Cali y al Concejo Distrital a través del medio de control de nulidad simple al Acuerdo 0373 de 2014, “por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali” expedido por el Concejo.
De acuerdo con la demanda, se busca proteger el patrimonio público debido a que el POT tiene “graves vicios de legalidad” y acarrea efectos nocivos para la ciudad. Es por esto que el concejal pidió la suspensión provisional de dicho acuerdo, excepto los artículos relacionados con los determinantes ambientales; los de riesgo y amenaza por inundación o remoción en masa; los patrimoniales y de protección directa a los bienes de interés cultural; las reservas y afectaciones viales, y la clasificación del suelo.
“Este POT fue aprobado en 2014 y tiene una vigencia de 12 años, o sea que rige hasta 2026. Sin embargo, el análisis indica que tiene varias falencias que han provocado errores en la planeación y el desarrollo de la ciudad. En el marco de la situación que estamos viviendo, se hace necesario replantear cómo va a ser el desarrollo de Santiago de Cali. Debemos empezar a solucionar definitivamente el tema del espacio público”, dijo el cabildante.
Según el concejal, su demanda tiene unas pretensiones puntuales: en primer lugar, defender el suelo rural.
“Canjear o vender a precios irrisorios el suelo rural, contra expresa prohibición legal, es un daño adicional al patrimonio público. Sin embargo, lo más importante es evitar que se siga fraccionando este suelo porque esto generará efectos nocivos a largo plazo”, explicó Bravo.
En segundo lugar, busca eliminar trámites para disminuir la burocracia y mermarle los gastos a la empresa privada y a los emprendedores. “Como joven, considero que un trámite que tarda entre tres y seis meses le quita tiempo y recursos a un sueño. Eliminar los esquemas de implantación y regularización será una ganancia para la inversión, la empresa y los emprendedores”, añadió el concejal.
En tercer lugar, la demanda busca que la captura de plusvalía no se dé de manera ilegal, pues esto causa pérdidas para la ciudad: “Los ciudadanos deben tener claridad sobre los cobros de impuestos del Estado”, afirmó Bravo. Por último, se pretende facilitar el desarrollo de la oferta de vivienda campestre y garantizar una ocupación sostenible y responsable del suelo rural suburbano. “El actual POT somete a los ciudadanos a trámites que desembocan en la corrupción para expedir los permisos de construcción de una vivienda campestre”, puntualizó el concejal.
Cabe recordar que el concejal Juan Martín Bravo fue quien puso sobre la mesa las irregularidades de la construcción del proyecto de vivienda Tarragona, de la constructora Cosenza, que pretendía desarrollarse en el Corredor Ambiental Río Cali. A través de una tutela, Bravo pidió que se protegiera el río y se suspendiera dicho proyecto. La semana pasada, el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital informó que el predio “será restituido por acción popular a su condición de espacio público, y no se podrá adelantar ahí ningún proyecto”.