La gravedad y la alta frecuencia de los enfrentamientos entre ciudadanos y policías es lamentable y preocupante. No puede ser que brindarle seguridad a la sociedad resulte en tantos ataques, o que las indicaciones de las fuerzas de seguridad caigan en oídos sordos y terminen en irrespeto.
Esta brecha entre las fuerzas policiales y la sociedad civil debe cerrarse. Los Centros de Traslado y Protección son la nueva apuesta a nivel nacional desde la Policía, enmarcado en el artículo 155 de la ley 1801 del nuevo Código. Esta puede ser una herramienta vital para transformar la relación de la institución con la sociedad civil colombiana, y caleña.
Son espacios destinados a proteger la vida de los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros y perturben la sana convivencia. Para ser llevado a uno de estos sitios habría que deambular en estado de indefensión o de grave alteración del estado de consciencia; o estar bajo los efectos del cousin de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas; o estar involucrado en riñas o en comportamiento agresivo, incluyendo a la autoridad policial. Otras circunstancias incluyen que el traslado sea el único medio para proteger la vida de la persona o de terceros, o cuando no se puede llevar a la persona a su domicilio.
Estos CTP están diseñados para retener personas por un periodo de doce a veinticuatro horas y desarrollar actividades de convivencia con un enfoque preventivo y pedagógico. El propósito es más educativo que represivo. A través de “talleres reflexivos” grupales, los participantes aprenderán sobre derechos, deberes, autocuidado, el Código Nacional de Policía y otras herramientas de convivencia. Habrá atención psicológica general y jornadas de atención para ciudadanos en situación de calle. Incluso los pabellones permiten una distribución de la población trasladada, atendiendo enfoques diferenciales para ofrecer seguridad.
Santa Marta ya tiene un CTP, y Bogotá está construyendo el suyo a través de una alianza entre la Policía Metropolitana, la Personería, la Secretaría de Integración Social, y los Institutos para la Protección de la Niñez (IDIPRON) y para la Economía Social (IPES).
Cali puede generar una cooperación similar entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía. El dinero para la construcción y administración de este establecimiento depende de que la ciudad se convierta en distrito reglamentado. Esto permitirá manejar mayor cantidad de recursos para aportar a la gestión de seguridad. Además la Tasa de Seguridad y Convivencia que aportan los caleños de estrato 4 en adelante a través de los servicios públicos es significativa. Este proyecto es posible.
Y también sería provechoso. Enmendar esta relación con educación y cuidado es una apuesta sensible. La ciudadanía puede aprender. Podemos llevar a cero la cifra de policías agredidos. Podemos cambiar nuestra conducta.