– Aunque la política pública de regulación del espacio público en Santiago de Cali fue aprobada en 2017, no se han ejecutado suficientes acciones que permitan darle cumplimiento.
– La ocupación del espacio público por parte de vendedores informales, sobre todo en el centro de la ciudad, genera problemas de movilidad y de seguridad para los ciudadanos.
Santiago de Cali, 28 de julio de 2022
Ningún caleño desconoce que las calles del centro de la ciudad están llenas de vendedores informales que ocupan el espacio público y generan problemas de movilidad y de seguridad. Para darle respuesta a esta problemática, en 2017 se aprobó la política pública de regulación del espacio público, que debía ser puesta en marcha por la Alcaldía.
Sin embargo, han pasado cinco años y los avances son casi nulos. Este fue el motivo por el cual el concejal Juan Martín Bravo interpuso una demanda, que resultó admitida esta semana por el Juzgado trece administrativo del circuito de Cali. En ella se busca la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
“La administración distrital apenas acaba de terminar la caracterización: en el centro de Cali encontraron cerca de 2700 vendedores informales que realizan sus actividades económicas ocupando el espacio público. El mensaje es muy claro: tenemos el reto de dignificar la labor de estas personas, pero también necesitamos recuperar el espacio público”, dijo el concejal Juan Martín Bravo.
Por ejemplo, en la zona ubicada en la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 es imposible transitar vehicular y peatonalmente por la ocupación de vías y andenes por parte de vendedores ambulantes y estacionarios, los cuales van incrementando con el paso del tiempo sin que los organismos encargados tomen cartas en el asunto.
“La sentencia C-489 de 2019 protege a los vendedores informales para que la recuperación del espacio público no vulnere sus derechos, esto siempre debe tenerse en cuenta. No obstante, también se ha conocido que hay mafias apoderadas del espacio público, que alquilan los espacios y realizan cobros ilegales o ‘vacunas’. Todo esto tiene que acabarse con una implementación efectiva de la política pública”, añadió el concejal Bravo.