• Según denuncias ciudadanas, este no es un hecho aislado, sino que pertenece a una práctica sistemática que ocurre en la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad.
• Exigir dádivas por parte de un funcionario a cambio de no cerrar o favorecer un establecimiento de comercio es incurrir en los delitos de concusión y cohecho, según el Código Penal.
Cali, 11 de septiembre de 2023.
Dos meses después de que el concejal Juan Martín Bravo denunciara que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali estarían exigiendo requisitos no contemplados en la ley para exigir dádivas a cambio de no cerrar establecimientos de comercio, el cabildante revela pruebas contenidas en audio que comprometerían al inspector de Policía Pedro Cuenú Salazar, de la comuna 3.
Los presuntos hechos de corrupción en los que Cuenú estaría involucrado se verifican en una grabación de más de una hora, que está en propiedad del concejal Bravo y da cuenta de una conversación entre el inspector y una persona que le entrega dinero para que no le cierre su establecimiento.
En una parte del audio se puede escuchar que el inspector de policía le dice al ciudadano “En esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; más adelante, el inspector afirma que “por plata baila el perro”.
“Hemos recibido múltiples denuncias sobre inspectores de policía que llegan a los comercios a coaccionar a sus propietarios solicitando, por ejemplo, documentación por fuera de su competencia, como licencias de construcción; en algunos casos, piden dádivas a cambio de no cerrar el establecimiento y mantenerlo ‘a salvo’ de las autoridades. Quienes se niegan a esta petición, son sancionados con multas o cierres definitivos”, explicó el concejal Juan Martín Bravo.
En el audio que se tiene como material probatorio de la denuncia, la persona que habla con el inspector le dice “ahí le dijo para la gaseosa”, entre otras expresiones que indican que presuntamente accedió al soborno y que no solo comprometerían a quien lo recibe, sino a otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia.
El concejal Bravo hizo un llamado para que los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería realicen las investigaciones pertinentes por estos presuntos hechos de corrupción. “Ningún inspector de policía puede pedir dádivas a cambio de no cerrar un establecimiento. Si lo hace, incurre en los delitos de concusión y cohecho, contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal. Los ciudadanos afectados deben denunciar estas acciones”, indicó el cabildante.
Como si fuera poco, también queda evidenciado en el audio que presuntamente funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia estarían recibiendo dádivas por visitar algunos establecimientos de comercio y pedir trámites innecesarios que dificultan su funcionamiento bajo las garantías que ofrece la ley.
El concejal Bravo recordó que los comerciantes afectados por este comportamiento contrario a la ley deben ponerlo en conocimiento de las autoridades, y añadió “Dejo constancia ante la opinión pública y ante las autoridades que responsabilizo al inspector de policía presuntamente implicado en estos hechos de cualquier situación que atente contra mi vida o de personas cercanas a mí, a raíz de esta grave denuncia”.