-El déficit histórico de fuerza pública en la ciudad, sumado al aumento de la violencia, son la muestra de que estos uniformados tienen que quedarse.
-El concejal Juan Martín Bravo hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad en la capital vallecaucana, luego de los desmanes ocurridos en las manifestaciones del 28 de abril.
Tras lo acontecido en Santiago de Cali este 28 de abril durante el paro nacional, en el que miles de ciudadanos salieron a las calles a expresar su rechazo a la reforma tributaria, el concejal Juan Martín Bravo eleva un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y restablezcan el orden público lo más pronto posible.
“Expreso mi apoyo a las personas que salieron a marchar de forma pacífica con el objetivo de decirle ‘NO’ a la reforma tributaria, pero rechazo los actos vandálicos que se cometieron. El problema no nace en Cali, sino en el Gobierno nacional. Acá no podemos acabarnos entre nosotros mismos”, expresó Bravo.
En este sentido, el concejal le pide al Ministerio de Defensa que deje en la ciudad de manera permanente a los 554 agentes de Policía y a los 450 soldados del Ejército que se desplegaron para cubrir las manifestaciones del 28A, pues es urgente que Cali supere su déficit de fuerza pública en un momento tan violento como el que atraviesa desde hace meses, con cifras de hurtos y homicidios que han ido en aumento.
Esta no sería una solución definitiva, pero serviría para garantizar la seguridad temporalmente. Para tener soluciones a largo plazo, le pedimos al Gobierno nacional más apoyo para disminuir los índices de pobreza y el desempleo, que son problemas estructurales de la ciudad”, añadió el cabildante.
Los actos vandálicos ocurridos en medio de las protestas dejaron daños en bancos, supermercados, almacenes, instituciones públicas y mobiliario de la ciudad. Según la Alcaldía de Cali, las pérdidas materiales ascienden a $80 mil millones.
“No podemos seguir permitiendo que las manifestaciones pacíficas se vuelvan violentas y acaben con todo. En un futuro, los organizadores de las marchas deberían hacerse responsables del costo de los daños que se generen. El Estado debe poner esto en consideración”, puntualizó Bravo.